¡¡¡OLE POR CATALUÑA!!! REGRESA LA FIESTA BRAVA (VIDEO)

España.- El Tribunal Constitucional ha anulado la prohibición de las corridas de toros que acordó el Parlamento catalán en 2010, al considerar que invadió competencias estatales, decisión que el gobierno de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona intentarán esquivar para que no se celebren.

El TC ha resuelto, por ocho votos a favor y tres en contra, que el ejecutivo catalán fue más allá de sus atribuciones en materia de espectáculos y protección de animales y ha decretado que puede regular los espectáculos públicos, pero no puede prohibir una fiesta que es patrimonio cultural por decisión del Gobierno central.

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El recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana fue presentado en 2010 por el grupo del PP catalán en el Senado.

El Constitucional anula seis años después el artículo primero de la Ley de Protección de Animales, reformada ese mismo año para incluir la prohibición de las corridas.

El recurso aseguraba que ese veto conculcaba varios derechos, entre ellos el de la educación, el del acceso a la cultura y la obligación de los poderes públicos de enriquecer el patrimonio histórico, además de la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.

 

La decisión, que se ha adoptado por mayoría y de la que ha sido ponente la magistrada catalana Encarnación Roca, se basa, según fuentes jurídicas, en este último argumento, que la prohibición catalana vulnera el acuerdo estatal de declarar los toros patrimonio inmaterial adoptada por dos leyes de 2013 y 2015.

Si esas leyes no se hubieran promulgado, la prohibición, según los magistrados, podría haber salido adelante, ya que Cataluña tiene la competencia de protección de animales y regulación de espectáculos públicos.

La resolución ha contado con los votos a favor de ocho magistrados, tres se han mostrado en contra —la vicepresidenta, Adela Asua, Fernando Valdés y Juan Antonio Xiol— y se ha anunciado un voto particular de estos últimos.

Ultima corrida de toros en la Monumental de Barcelona

La resolución considera que la ley catalana “ha menoscabado” la competencia del Estado para “la preservación del patrimonio cultural común”.
El tribunal explica que el artículo recurrido, el primero, se inscribe tanto en el ámbito de la protección de los animales como en el de la regulación de los espectáculos públicos, materias cuya competencia corresponde a la Generalitat.

Pero, según los magistrados, el ejercicio de esas competencias debe “cohonestarse” con las que la Constitución reserva al Estado; por esta razón, la norma impugnada debe ser analizada bajo el prisma de los artículos relativos a las competencias de defensa del patrimonio cultural y de seguridad pública.

Respecto a la materia de seguridad pública, los magistrados aseguran que “no cabe duda”, de que la comunidad autónoma ostenta competencias en materia de “policía de espectáculos”, una materia que es diferente a la de seguridad pública atribuida por la Constitución al Estado.

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En consecuencia, el ejercicio de dicha competencia por Cataluña podría incluir “la facultad de prohibir determinado tipo de espectáculo por razones vinculadas a la protección animal”.

Sin embargo, según la sentencia, el ejercicio de dicha facultad “ha de cohonestarse con las que, en esa materia, estén reservadas al Estado, que no pueden verse perturbadas o menoscabadas”.

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